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El tejido de la justicia transicional y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia

En Colombia, durante las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno (2012-2016), las organizaciones indígenas, afrocolombianas y rom han exigido la integración de un "capítulo étnico" en el texto del acuerdo de paz. También reivindicaron sus derechos colectivos, y en particular sus derechos a la tierra y a la reparación diferenciada. El impacto de estos movimientos es fundamental para la construcción de una sociedad sostenible que integre los conceptos profundos y plurales de la paz, como la idea de paz con la Tierra, así como los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras.

Así, el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la Cátedra de excelencia Normandía para la Paz (CNRS/Région Normandía / Universidad de Caen/MRSH)  y el Polo Bogotá del Instituto de las Américas, han optado por abordar estos temas en dos webinares. Concebidos como intercambios interculturales, se realizaron según la metodología de los "diálogos de saberes" organizados por la CNTI.

Videos Paz, Medio ambiente y Derechos de la naturaleza en el post acuerdo de paz en Colombia

El primer webinar, titulado " Paz, Medio ambiente y Derechos de la naturaleza en el post acuerdo de paz en Colombia", se celebró el 21 de julio de 2021. La sesión fue moderada por Luis Miguel Gutiérrez, Doctor en Derecho Público de la Universidad de Toulouse, e introducida a la vez por Laetitia Braconnier Moreno, coordinadora del polo Bogotá del IdA, y Víctor Tafur, director de Diplomacia Ambiental de la Universidad Pace de Nueva York. Este último mencionó la relevancia, para la Cátedra Normandía para la Paz, la cual representa, de estudiar la justicia transicional a través del prisma de los desarrollos normativos internacionales para la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

Todos los participantes partieron de una constatación común: la desilusión que siguió a la firma del Acuerdo de Paz de Colombia en 2016 respecto a los derechos de las poblaciones rurales, principales víctimas del conflicto armado. En particular, se destacó el fracaso del gobierno en la aplicación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Luis Miguel Gutiérrez preguntó a los invitados como iba el proceso de restitución de tierras establecido por la Ley 1448 de 2011, la cual presenta pobres resultados, especialmente en la restitución de tierras a los pueblos indígenas desplazados (Decreto Ley 4633).

Julio César Estrada, miembro del pueblo Guanamo, es asesor de la OPIAC, organización de defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia. Lamentó que no se estén respetando los derechos de la naturaleza, que están en el corazón de la “ley de origen” de los pueblos, poniendo varios ejemplos y en particular la creciente deforestación. Sin embargo, destacó el reconocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de estos derechos específicos, y los logros alcanzados como resultado de las movilizaciones étnicas en cuanto a la articulación entre los instrumentos de justicia transicional y las justicias indígenas. Indicó que, en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, por ejemplo, las instituciones responsables deben tener en cuenta las dimensiones espirituales y culturales del daño sufrido por las familias.

Camilo Niño, miembro del pueblo Arhuaco, ecologista y con una maestría en desarrollo rural, insistió en que los derechos territoriales reforzados por el Acuerdo de Paz han quedado en gran medida sin cumplir. Según él, "la conservación no es más que las prácticas tradicionales en consonancia con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y lo que se traduce como "ley de origen"". Tras destacar el retraso institucional en la constitución y formalización de muchos territorios indígenas, explicó la importancia de esta formalización en términos de seguridad jurídica para estas propiedades colectivas, y demostró cómo esta seguridad jurídica está promueve una mayor conservación de los territorios.

Como secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño también estableció una relación causal entre la falta de formalización de los territorios a proteger, el aumento de la concesión de licencias ambientales para la deforestación y los asesinatos de líderes indígenas. De hecho, estos asesinatos aumentan allí donde también aumenta la deforestación. Las cifras que da son abrumadoras: Más de 350 líderes indígenas fueron asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016. Entre otras medidas para implementar, llama al gobierno a firmar de manera urgente el Acuerdo de Escazú para la protección de los defensores ambientales.

Émilie Gaillard, coordinadora general de la Cátedra Normandía por la Paz, mencionó la multiplicidad de violencias sufridas por los pueblos indígenas y la memoria transgeneracional de la violencia pasada. Aludió a la importancia de una justicia transicional que integre plenamente la restitución de tierras a las comunidades indígenas y el necesario reconocimiento de la propiedad colectiva. Entre las vías a seguir para una justicia transicional "ambientalizada", menciona la educación para la paz ambiental y el establecimiento en el postconflicto de una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Cita ejemplos de otros países en los que se ha conseguido la constitucionalización de los sitios sagrados y la emergencia de bosques hechos santuarios.

Pide un cambio de paradigma que se aleje de la "sobre capitalización de la tierra" y se dirija hacia un estado de derecho que respete la diversidad natural y cultural y esté descolonizado. Concluye afirmando el compromiso de la Cátedra Normandía por la Paz con la iniciativa de crear un Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos de los defensores del medio ambiente.

             

Video Los retos de la construcción de la paz territorial y la resistencia indígena en Colombia

El segundo webinar, realizado el 11 de agosto de 2021, dos días después del Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se centró en los retos de la construcción de la paz territorial y la resistencia indígena en Colombia.

La introducción corrió a cargo de July Calderón, candidata a Doctora en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris (EHESS). Como coordinadora del Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió a la minuciosa labor de monitoreo que realiza este organismo respecto a la implementación de la reforma rural integral, primer punto del Acuerdo de Paz. El reto de la paz territorial, según ella, es saber interpretarla a la luz de las cosmovisiones de los pueblos, sus organizaciones territoriales y los "planes de vida" (planificación de los resguardos según las perspectivas propias de desarrollo de los pueblos). Defiende la necesidad de respetar de manera urgente el derecho de los pueblos a la consulta previa y la protección de sus derechos ancestrales frente a la instrumentalización del Acuerdo de Paz por parte de determinados sectores económicos.

La moderadora fue Catalina Toro, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, quien hizo énfasis sobre el modelo de extracción de recursos naturales, que va en contra de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Desde el departamento del Cauca, Juan Carlos Samboní, líder del pueblo Nasa del Cabildo (autoridad tradicional) "Playón Nasa Naya" y Thu'thenas (delegado) de la Asociación de Autoridades Indígenas del Norte del Cauca, recordó en primer lugar que los homicidios, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras sobreviven al Acuerdo de Paz. Los pueblos siguen desplazados por los enfrentamientos ligados a la reconfiguración del conflicto entre grupos disidentes de la guerrilla de las FARC, paramilitares y narcotraficantes, los cuales participan en el exterminio de líderes, de defensores del territorio y de autoridades ancestrales indígenas. Varios de estos últimos también han sido asesinados durante la minga nacional, que tomó parte del masivo movimiento de oposición a la reforma fiscal anunciada en abril de 2021.

En segundo lugar, la multiplicación de las represas hidroeléctricas, entre otros proyectos de desarrollo que afectan a los territorios, también contradice la reforma rural integral y los movimientos indígenas organizados en torno al cuidado a la Madre tierra. Juan Carlos Samboní denuncia además la concentración de tierras - la más alta de América Latina – que divide a las comunidades rurales. Explica que esta alta concentración, al causar la escasez de tierras disponibles, provoca conflictos entre las distintas comunidades que necesitan acceder a la tierra. A continuación, habló de los esfuerzos realizados para unir a los pueblos indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas en sus negociaciones con las autoridades. Según el delegado, el Gobierno debe por su lado avanzar hacia una "institucionalidad multicultural", y promover más autonomía para los "gobiernos propios" en los territorios. 

Vicente Villafañe, autoridad del pueblo Arhuaco, abogado y experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas, se refirió a los numerosos acuerdos que el gobierno nunca ha cumplido en materia de garantías territoriales para los pueblos. El aumento de los cultivos ilícitos de hoja de coca, además de afectar a la madre tierra, demuestra la ineficacia de los programas de sustitución de cultivos ilícitos previstos en el primer punto del Acuerdo de Paz. Mencionó especialmente la falta de alternativas al cultivo de la hoja de coca para y la falta de protección para los sectores campesinos frente a la reconfiguración del conficto.

Como delegado de la confederación indígena Tayrona en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, destacó la oposición entre las visiones indígenas del desarrollo y las del "hermano menor" blanco: mientras éste se centra en la extracción de recursos y cree que los indígenas se oponen al desarrollo del país, en la Sierra Nevada "creemos que el desarrollo daña la naturaleza y que necesitamos el agua para las generaciones futuras". Insistió en que las sanciones de la justicia transicional deben considerarse procesos de reintegración y regeneración. En su territorio, por ejemplo, tras las transgresiones de la ley de origen, se debe consultar al Mamö, la autoridad espiritual, y reunir a la comunidad para determinar estas sanciones "regeneradoras".

El invitado internacional de este segundo webinar fue Amilcar Pop, abogado del pueblo Maya q'eqchi'. Es miembro del Congreso de la República de Guatemala y del Parlamento Centroamericano, donde preside la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En su intervención, se refirió a los acuerdos de paz firmados en Guatemala hace 25 años, en particular el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Reconociendo ciertas debilidades en la negociación de estos acuerdos, lamentó que el "pacto social no se ha producido". Según él, la tierra es un elemento fundacional de cualquier Estado-nación, y el éxito de la aplicación de los acuerdos de paz depende sobre todo de las políticas económicas y agrarias.

Estableció con sus palabras los límites de una justicia transicional al servicio de las políticas neoliberales. El problema actual de la tierra se deriva de un desequilibrio entre dos sistemas económicos: el sistema local y el sistema capitalista internacional. Denunció el retraso en Guatemala en la formalización de los catastros de los territorios colectivos, a pesar de haber sido previstos desde el final del conflicto. Así, advirtió sobre la institucionalización de espacios de diálogo, que pretenden dar voz a los representantes indígenas, pero que no son espacios de decisión.

Además, Amilcar Pop destacó el tardío reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho en Guatemala -que se remonta a la Constitución de 1985. Por lo tanto, hizo énfasis en el empoderamiento, tras la firma de los acuerdos de paz, de ciertos sujetos sociales antes invisibles, como las mujeres y los indígenas. Las experiencias de litigio estratégico de los abogados y las abogadas Mayas, basadas en las demandas de las comunidades, han sido esenciales para el reconocimiento de los hechos del genocidio guatemalteco.

Hay que diferenciar los sistemas de justicia: los del Estado, ante los que se pueden exigir los derechos de los pueblos, incluidos los derechos culturales, y los sistemas de justicia ancestrales basados en otras “filosofías y valores”. Advierte de los riesgos de hacer recaer sobre los jueces indígenas la carga de resolver los litigios causados por agentes económicos externos. Sin embargo, explica las lecciones que se pueden aprender de las prácticas culturales que se han ejercido tradicionalmente en la defensa de los manantiales y los ríos, los bosques y la naturaleza.

Estas lecciones pueden inspirar las sanciones que pronto impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, uno de cuyos objetivos es reparar los daños ambientales causados en el marco del conflicto armado. Sin embargo, si bien la articulación de los pueblos indígenas con los movimientos urbanos y medioambientales es oportuna para la defensa de la naturaleza, los participantes consideran que el mayor obstáculo sigue siendo la falta de transición del modelo económico.

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Dernière mise à jour le 26/10/2021 - 12:20